La muerte del oficial Luis Azábal en un operativo en Villa Belgrano ha abierto una profunda grieta en los tribunales de Córdoba. Lo que inicialmente se perfilaba como un homicidio agravado, ha derivado en una situación procesal que genera malestar tanto en la familia de la víctima como en la fuerza de seguridad provincial. En una entrevista exclusiva con el programa El Show del Lagarto, los abogados querellantes expresaron su preocupación por la rapidez con la que el fiscal interviniente otorgó la libertad al autor del disparo.
La investigación gira en torno a un cambio drástico en la calificación legal del hecho. Apenas tres horas después del homicidio, la fiscalía modificó la imputación original —homicidio agravado por el uso de arma y tenencia ilegal de arma de guerra— por la de “exceso en la legítima defensa”. Este viraje jurídico no es menor: transforma una posible pena de ejecución real y efectiva en una condena que podría ser excarcelable, permitiendo que el acusado transite el proceso en libertad.
Desde la querella, representada por los doctores Zárate y su equipo, se cuestiona la “celeridad” del fiscal Chapero. Argumentan que aún no se han incorporado pruebas fundamentales, como las pericias de distancia de disparo, la recreación del espacio y los estudios balísticos definitivos. Para los representantes de la familia Azábal, la decisión de liberar al imputado de manera tan prematura podría condicionar la búsqueda de la “verdad real” sobre lo ocurrido en el interior de la vivienda.
La figura de Luis Azábal es recordada por sus colegas como la de un profesional ejemplar y una persona muy querida dentro de la institución. Por ello, el dolor de la familia se ve potenciado por lo que consideran un desbalance en el proceso. La estrategia de la querella ahora se centra en acceder al expediente completo una vez que se fije la fecha para la declaración indagatoria del acusado, paso administrativo que aún sigue pendiente.
Este caso reaviva el debate sobre los límites de la legítima defensa y el uso de armas de guerra en domicilios particulares. Mientras la titular de la fiscalía, la doctora Gutiérrez, retoma las riendas de la instrucción, la sociedad cordobesa y la familia policial aguardan que las medidas probatorias arrojen luz sobre un hecho que, por ahora, deja más interrogantes que certezas sobre el accionar de la justicia.
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Fuente: LagartoShowOk